De la desaparición y exterminio de estudiantes secundarios en septiembre de 1976 al intento de femimagnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner en 2022, la historia argentina vuelve a colocar una pregunta incómoda en el centro de la escena: ¿qué sucede cuando el adversario político deja de ser concebido como un sujeto de derechos y comienza a ser pensado como un obstáculo que debe ser eliminado? La Noche de los Lápices y el atentado contra Cristina no son episodios equivalentes ni responden al mismo contexto histórico, pero pueden leerse dentro de una problemática común: la violencia como instrumento para clausurar la disputa política. En 1976, esa lógica fue llevada hasta el extremo por el terrorismo de Estado y la desaparición física. En 2022, el intento de asesinato de la principal dirigente de la oposición mostró que la violencia política podía volver a alcanzar el cuerpo de un adversario como forma extrema de supresión. Entre ambos acontecimientos se abre una cuestión que excede la memoria: qué condiciones sociales, políticas y culturales permiten que el adversario vuelva a ser construido como un enemigo cuya eliminación aparece como posible.

Lo más significativo del escenario brasileño es que la disputa electoral vuelve a concentrar una contradicción estructural de la política latinoamericana: la tensión entre la democracia electoral y el poder económico, mediático, judicial y financiero que condiciona sus resultados.

La elección del 4 de octubre no aparece, por lo tanto, como una simple repetición de 2022. Lula llega buscando un nuevo mandato, mientras el campo bolsonarista intenta reorganizarse alrededor de Flávio Bolsonaro, en un contexto en el que Jair Bolsonaro continúa siendo una figura central aunque no sea el candidato presidencial. Las mediciones publicadas durante septiembre muestran una competencia estrecha y un escenario abierto.

Pero hay un elemento nuevo: la crisis ya no está solamente dentro de la sociedad brasileña; también atraviesa a las instituciones encargadas de arbitrar el conflicto político.

La fractura expuesta dentro del Supremo Tribunal Federal alrededor del caso Banco Master es particularmente significativa. La sesión del 15 de septiembre terminó suspendida después de un enfrentamiento entre magistrados y un pedido de vista de Flávio Dino. El debate involucra acusaciones sobre los vínculos entre Alexandre de Moraes y el banquero Daniel Vorcaro, aunque esas acusaciones están siendo objeto de disputa y no equivalen por sí mismas a una comprobación judicial de corrupción.

La cuestión política es otra: por primera vez en mucho tiempo, el propio Supremo aparece como escenario visible de la lucha electoral.

Eso modifica la relación entre justicia y política que Brasil arrastra desde el ciclo del impeachment de Dilma Rousseff, Lava Jato, la prisión de Lula y el posterior retorno del dirigente del PT a la Presidencia. El Poder Judicial dejó de ser un actor externo al conflicto político: se convirtió en uno de sus territorios centrales.

Desde una perspectiva de clase, esto permite observar algo más profundo. La crisis brasileña no se explica solamente por la polarización ideológica entre izquierda y derecha. También expresa la disputa por quién controla los mecanismos institucionales capaces de proteger o limitar determinados intereses económicos.

El escándalo Banco Master vuelve a poner en escena precisamente esa zona de contacto entre capital financiero, sistema político, justicia y medios de comunicación. Al mismo tiempo, la derecha intenta convertir la crisis institucional en un instrumento electoral contra Lula y contra los sectores del Supremo identificados con la defensa del orden constitucional frente al bolsonarismo.

Por eso las próximas semanas serán particularmente sensibles. No está en juego únicamente quién ocupará el Palacio del Planalto. También está en disputa qué tipo de equilibrio institucional emergerá después de las elecciones.

La experiencia de 2022 sigue funcionando como antecedente. El bolsonarismo no desapareció con la derrota de Jair Bolsonaro. La invasión de los edificios de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023 demostró hasta qué punto una parte de la derecha brasileña estaba dispuesta a desconocer el resultado electoral y tensionar los límites institucionales.

Ahora la confrontación adopta formas diferentes. La batalla se desplaza hacia las instituciones, las investigaciones judiciales, los medios, las redes sociales y la construcción de legitimidad antes de las urnas.

Brasil vuelve a convertirse así en un laboratorio político continental. Lo que ocurra en octubre tendrá consecuencias que excederán ampliamente sus fronteras: afectará la relación de fuerzas entre los gobiernos progresistas y las derechas latinoamericanas, el papel de Brasil en la integración regional y el equilibrio político de América del Sur.

La elección será, en ese sentido, mucho más que una competencia entre candidatos. Será una disputa por el sentido de la democracia brasileña después de una década de crisis, judicialización de la política, ascenso de la extrema derecha y creciente poder del capital financiero.

La conferencia anual de la International Initiative for the Promotion of Political Economy (IIPPE), realizada en Lisboa, tuvo este año un eje particularmente significativo: “Capitalism Moving Beyond Neoliberalism: Crises, Changes, and What Comes Next”. La pregunta que atraviesa buena parte de los debates es precisamente qué viene después del neoliberalismo y, más profundamente, si las categorías económicas heredadas del siglo XX alcanzan para explicar el capitalismo realmente existente.

Uno de los debates más interesantes giró alrededor de China. La formulación provocadora del panel fue directa: “China no es capitalista”.

Roberts sostiene que la Revolución de 1949 produjo una ruptura cualitativa con el capitalismo. La nacionalización de la tierra, la industria y las finanzas, junto con la planificación centralizada, configuraron un sistema que no podía ser definido como capitalista. Las reformas iniciadas por Deng Xiaoping desde 1978 modificaron radicalmente esa estructura: expansión del sector privado, mercados, inversión extranjera y una creciente integración con la economía mundial. Pero, sostiene Roberts, esa transformación no significó simplemente el retorno al capitalismo.

El resultado sería una formación económica híbrida, en la que el mercado y la ley del valor siguen funcionando, existen empresas privadas, capitalistas y multimillonarios, pero el Estado mantiene el control de los principales instrumentos económicos y financieros.

Ahí aparece el núcleo del problema.

Para Roberts, China tampoco puede ser considerada socialista en sentido marxista estricto. Subsisten el dinero, los salarios, las ganancias, el mercado y profundas desigualdades de ingreso y riqueza. Por eso propone caracterizarla como una economía en transición, en la que la cuestión decisiva es quién controla los medios de producción y hacia dónde se orienta el excedente social.

La discusión adquiere particular relevancia porque rompe con una identificación frecuente: mercado igual a capitalismo. Para Roberts, esa equivalencia es insuficiente. Lo decisivo no es solamente la existencia de empresas privadas o trabajadores asalariados, sino la estructura de propiedad y, sobre todo, quién posee capacidad efectiva para orientar la acumulación.

Su argumento es que China conserva un peso extraordinario de la propiedad y la inversión pública. Roberts señala que alrededor de dos tercios de las cien empresas chinas más grandes son estatales o están bajo control estatal. Desde esta perspectiva, la presencia de capital privado no determina por sí misma el carácter global de la formación económica.

Otros participantes del panel fueron incluso más optimistas. Torkil Lauesen sostuvo que China no es socialista todavía, pero podría avanzar hacia el socialismo. Mick Dunford propuso interpretar la experiencia china como una trayectoria diferenciada respecto de la transición clásica al capitalismo, mientras que Dic Lo planteó la cuestión en términos de una posible culminación de la construcción de las condiciones materiales necesarias para una futura sociedad socialista.

Pero también aparecieron objeciones. Algunos participantes cuestionaron que China pudiera ser sustraída de la categoría capitalista cuando la mayoría de sus trabajadores está empleada en empresas que operan bajo relaciones de mercado. Otros plantearon una caracterización alternativa: capitalismo de Estado, donde el Estado administra el excedente en beneficio de una elite.

Aquí reside precisamente la riqueza política del debate: no existe una conclusión consensuada sobre qué es China.

La discusión tampoco puede separarse de la posición de China en el sistema mundial. Roberts reconoce que las inversiones chinas en el Sur Global persiguen recursos estratégicos y pueden generar relaciones de explotación. Pero sostiene que la extracción de excedente desde esas economías hacia China es muy inferior a la transferencia de valor que históricamente se produce desde China y el Sur Global hacia las economías occidentales. También diferencia el financiamiento chino de infraestructura de las condiciones asociadas a instituciones como el FMI y el Banco Mundial.

La cuestión, entonces, no consiste simplemente en decidir si China es “buena” o “mala”, socialista o capitalista. La pregunta verdaderamente marxista es qué relaciones sociales organizan la producción, quién controla el excedente y cuál es la dirección histórica de esa estructura.

Y allí aparece una cuestión estratégica de enorme importancia.

Si China fuese simplemente otra economía capitalista, su ascenso podría interpretarse como un desplazamiento del centro imperialista dentro de las mismas reglas del sistema. Si, en cambio, se trata de una formación transicional basada en una combinación contradictoria de mercado, planificación y propiedad pública, su evolución podría modificar las relaciones de fuerza del capitalismo mundial.

Roberts introduce incluso una advertencia: esa transición no está garantizada. China podría avanzar hacia una profundización socialista, pero también podría terminar consolidando una estructura capitalista. El desenlace dependerá de la relación entre Estado, capital y trabajo dentro de China y de la evolución de la crisis del capitalismo mundial.

Por eso el debate de IIPPE resulta más importante que la discusión terminológica. China no puede comprenderse desde categorías congeladas. Su experiencia plantea una pregunta que excede ampliamente sus fronteras: en un mundo atravesado por crisis recurrentes, endeudamiento, guerra económica, desigualdad y agotamiento del neoliberalismo, ¿puede existir una vía de desarrollo en la que el Estado conserve capacidad para subordinar parcialmente la rentabilidad privada a objetivos de acumulación, desarrollo tecnológico e infraestructura?

La respuesta todavía está abierta.

Pero justamente por eso China constituye uno de los grandes laboratorios históricos del siglo XXI: no una sociedad socialista realizada, tampoco simplemente una reproducción del capitalismo occidental, sino una formación contradictoria cuyo desenlace puede incidir sobre el futuro del sistema mundial.